Revista Pulsiones Año I Argentina: La verdad completa de Villarruel escamotea los crímenes de la Triple A y los de las Fuerzas Armadas… Rosa D'Alesio
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Gráfica: Izquierda Web
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La vicepresidenta volvió a hablar
de su lucha por la ’verdad completa’ este martes en el Senado y aseguró que
buscará justicia para las ’víctimas del terrorismo’. En realidad, Villarruel
no busca ni verdad ni justicia, sino impunidad para los responsables de un
genocidio de clase que desapareció a 30.000 luchadores, violó a mujeres
detenidas y les robó a sus bebés. Ni peronistas ni radicales buscaron
condenar los crímenes de la Triple A y los de la CNU |
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Victoria Villarruel, hija de un
militar que integró las Fuerzas Armadas que dieron el golpe en 1976, usó el
Senado de la Nación para reiterar su defensa a quienes cometieron crímenes de
lesa humanidad. Lo hizo escamoteando la verdad de su propósito. En un discurso encendido, la
vicepresidenta habló de las “víctimas del terrorismo”. Se refirió a ellos
como “inocentes" y mencionó a José Ignacio Rucci, Secretario General de
la CGT asesinado en 1973, como ejemplo de estas víctimas. Lo que no mencionó
es que Rucci apoyó la Concentración Nacional Universitaria (CNU), una
organización de extrema derecha peronista fundada en 1971, responsable de
perseguir y asesinar a militantes obreros y estudiantiles. La CNU, con
presencia en Mar del Plata y La Plata, cometió numerosos asesinatos y actos
de violencia que fueron la antesala del golpe cívico-militar-eclesiástico de
1976. Como recordó el militante
setentista y dirigente del PTS en el Frente de Izquierda, Carlos “Titín”
Moreira, en una entrevista que le realizamos en este medio, “Rucci fue
parte, no solo de la masacre de Ezeiza y el Pacto Social, sino que antes de
ser asesinado apoyó la CNU. Es decir, muchos de los que integran el aparato
del PJ, fueron cómplices de la dictadura, y luego se reciclaron. Como Julio
César Alak, Carlos Ruckauf, quien organizó la Juventud Sindical Peronista.
Una organización de derecha que buscaba derrotar el ascenso revolucionario de
los 70”. Alak, hoy intendente de La Plata, protegió por años a un integrante
de la CNU, Pipi Pomares, que enfrentó causas judiciales por sus crímenes
contra la vanguardia obrera, quedó siempre impune. El Pacto Social al que se refiere
Moreira, fue firmado el 6 de junio de 1973. Llevó la firma del gobierno,
empresarios y Rucci en representación de la burocracia sindical. El
objetivo de este pacto fue descargar, una vez más, la crisis sobre la espalda
de las y los trabajadores. Tal fue la traición de la CGT por avalar este
acuerdo, que el mismo Rucci reconoció que “estaba firmando su sentencia de
muerte”. Volviendo a la "verdad
completa", que supuestamente persigue Victoria Villarruel, hay que
recordar que, a quienes ella llama terroristas, fueron asesinados por las
organizaciones parapolicial, paraestatal, antes del golpe del 24 de marzo de
1976. Bajo el gobierno de Perón e Isabelita actuó, no solo la CNU, sino
también la Triple A, organizada por José López Rega por orden del
general Juan Domingo Perón. Es llamativo, por usar una
expresión cándida, que cuando la presidenta del Senado habla de la violencia
de los 70, no menciona a ninguna de estas dos organizaciones. La defensora de
los genocidas no es la única que se “olvida” de mencionar estas dos
organizaciones. Todos los gobiernos constitucionales, desde Alfonsín a esta
parte, incluyendo, por supuesto, los kirchneristas, se negaron a impulsar o
tan siquiera condenar los crímenes cometidos por la CNU y la Triple A
-integradas por policías y burocracia sindical-. Incluso, en el gobierno de
Raúl Alfonsín, bajo la teoría de los dos demonios, se juzgó a los dirigentes
de las organizaciones armadas que habían sobrevivido al golpe militar, así
como a la Junta Militar. No fueron juzgados ni Isabel Perón ni los
integrantes de la CNU y la Triple A, responsables de múltiples crímenes contra
la vanguardia obrera y estudiantil Como subrayó el dirigente
trotskista en la entrevista que citamos, todo el régimen político y judicial
se niega a condenar estos crímenes impulsados bajo un gobierno constitucional
para preservar el aparato represivo del Estado, frente a la desprestigio de
las Fuerzas Armadas por la desaparición de 30.000 luchadores. Las causas judiciales contra
integrantes de la CNU y la Triple A, son impulsadas por los familiares y
organismos de derechos humanos, como cuentan en esta entrevista
Andrea Robles,
hija del dirigente trotskista César Robles, y la abogada de derechos humanos
Liliana Mazea. Todas esas causas no avanzan, justamente, porque hay un
acuerdo de todo el aparato del Estado para que queden impunes. Causas contra “terroristas” Volvamos una vez más sobre los
dichos de la defensora de genocidas. Villarruel sostiene que va a impulsar
que se reabran "todas las causas de víctimas del terrorismo", en
referencia a muertes ocasionadas por el accionar de organizaciones armadas
durante la década del ‘70. Las causas emblemáticas que
pretende reabrir la vicepresidenta son tres. En cada una de ellas los fallos
judiciales dictaron que no se podía avanzar porque prescribieron. Una de
ellas es la del coronel Larrabure quien había sido secuestrado por
el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en 1974. Un año después aparece
muerto. Se dijo que el ERP lo había ahorcado, sin embargo ni la autopsia ni
el expediente judicial prueba que haya sido un homicidio. La prueba más
relevante, que desmiente que fue asesinado, la otorga un testigo. El
compañero de cautiverio del Coronel, un empresario. René Vicari dijo que
Larrabure se suicidó. Esta declaración está en el expediente judicial.
No solo hoy no podría juzgarse por haber prescripto, sino que se trata
de “cosa juzgada”. El proceso judicial se realizó entre 1975 y 1983. Los
condenados recibieron penas de 8 a 15 años. Finalmente fueron ejecutadas o
desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar. El hijo del coronel
Larrabure, presente en el acto que realizó Villarruel el pasado martes en el
Senado, reabrió la causa y todas las instancias judiciales fallaron en contra
de que se reabra. Hoy se encuentra en manos de la Corte Suprema. Otra de las causas que buscan que
se juzgue es el atentado en la Coordinación Federal de la Policía Federal del
2 de julio de 1976. En 2003 se presentó por primera vez la causa para que se
investigue este hecho, sin embargo, en reiteradas oportunidades la
Justicia falló a favor de la prescripción. La causa por el asesinato de José
Ignacio Rucci, líder de la CGT asesinado en 1973, también fue declarada
prescripta. La hija del burócrata sindical, Claudia Rucci, ha estado luchando
durante años para que se reabra el caso. Sin embargo, el juez Ariel Lijo
rechazó su pedido, argumentando que el caso no cumple con los requisitos para
ser considerado un delito de lesa humanidad y, por lo tanto, no puede
ser considerado imprescriptible. La negativa ha sido rechazada por Claudia
Rucci, actual directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado,
quien insiste en que se juzgue la muerte de su padre. Los asesinatos cometidos por la organización
armadas en los ’70 no son crímenes de lesa humanidad ni crímenes de guerra,
por lo cual son prescriptibles y, a estas alturas, ya no pueden ser
investigados. Lesa humanidad Este miércoles, a casi dos meses de
la visita de seis legisladores de La Libertad Avanza a genocidas, sesionó una
comisión en la Cámara de Diputados para debatir sobre este hecho repudiable.
Estuvieron presentes representantes de distintos organismos de derechos
humanos para reclamar para que se avance con una investigación sobre esta
visita. La dirigente del PTS Myriam Bregman junto a otros referentes
como Taty Almeida, Adolfo Pérez Esquivel, Guadalupe Godoy, entre otros,
tomaron la palabra. Bregman sostuvo con firmeza
que es urgente que se debata en el recinto sobre la visita al penal de Ezeiza
a genocidas como Alfredo Astiz; subrayó la importancia de que cada “diputado
y cada diputada diga explícitamente qué piensa de esto”. Agregó, además, que
hay que continuar con los juicios de lesa humanidad y avanzar con la
pata civil del golpe militar "éstos que fueron los verdaderos ideólogos
del genocidio, que trabajaban para los grandes empresarios, para el
Fondo Monetario…". La visita a genocidas al penal de
Ezeiza abrió una crisis en el gobierno de La Libertad Avanza, y generó múltiples
debates públicos. Esto fue provocado por el repudio generalizado de una
amplia sector de la sociedad que condenó cualquier intento de impunidad para
los genocidas. Javier Milei no dudó en expresar, desde el primer
día que se hizo publico esta visita, que él no estaba al tanto y que esa no
es su agenda. Sobre el reclamo de funcionarios
del gobierno, que sostuvieron que por una cuestión humanitaria debía
otorgarse prisión domiciliaria a los genocidas, la abogada por los
derechos humanos y referente del PTS-Frente de Izquierda, Myriam
Bregman, sostuvo: "No crean que todos los genocidas están
detenidos. Los últimos números de la Procuración dicen que hay solo 636
detenidos, de los cuales 508 están en domiciliaria, están en su casa con
la familia, festejan bautismos...108 se encuentran bajo custodia
penitenciaria. ¿Significa esto que están todos en una cárcel común y
efectiva? No, muchos están en Campo de Mayo, la Unidad 34, con cancha de
tenis y aire acondicionado”. Bregman concluyó reiterando el
reclamo de la lucha por justicia que lleva más de cuatro décadas.
Sostuvo “quiero decir que siempre hemos peleado por cárcel común,
perpetua y efectiva, para todos y cada uno de los genocidas. Por todos y cada
uno de los 30 mil compañeros desaparecidos, queremos que se los juzgue
por todos y cada uno de los casos. Para nosotros no existen los casos
testigo, queremos que haya justicia”. |
Rosa D’Alesio Militante del PTS, columnista
de la sección Libertades Democráticas de La Izquierda Diario; se especializa en
temas de narcotráfico y Fuerzas Armadas.
Fuente:
Fuente: Sin Permiso
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