Como durante la dictadura, vivimos un momento de excepción jurídica, ergo, no existe la justicia como tal…
Cambiemos disciplinó la Cámara de Casación:
nueva embestida contra los medios populares
14 septiembre, 2018 por Redacción La Tinta
Fuente:
La Cámara Federal de Casación Penal revocó el
sobreseimiento de dos trabajadores y una trabajadora de prensa de la Red
Nacional de Medios Alternativos que fueron detenidos el 1º de septiembre del
pasado cuando cubrían una marcha por Santiago Maldonado. “Estas detenciones son
parte del recrudecimiento del accionar represivo que busca condicionar la libertad
de expresión”, lamentaron desde Correpi y RNMA.
Por
CORREPI, RNMA, SiPreBA y Bloque de Trabajadorxs Migrantes
Con el voto de Liliana E. Catucci y
Eduardo Rafael Riggi, y la oposición de Carlos Alberto Mahiques, el máximo
tribunal penal resolvió revocar el sobreseimiento que la Cámara Federal de
Apelaciones había dictado respecto de Juan Pablo Mourenza, Ezequiel Medone y Paola Barriga Montero, periodistas
de Antena Negra y de un centro cultural feminista que fueron detenidos
junto a una treintena de personas tras la multitudinaria marcha que
se realizó en la Ciudad de Buenos Aires cuando se cumplía un mes de la
desaparición forzada de Santiago Maldonado. Mientras, Casación mantuvo el
sobreseimiento de Carlos Ardila Guerra, el cuarto periodista imputado.
El juez
federal Marcelo Martínez de Giorgi había procesado, el año pasado, a casi todas
las personas detenidas esa noche por intimidación pública y atentado y
resistencia a la autoridad. Ese fallo fue apelado por las defensas y, el 6 de
diciembre de 2017, la Cámara Federal lo revocó con duros términos, a partir del
análisis de las fotos y videos que demuestran que no se cometieron tales
delitos. Así, dispuso la falta de mérito
para procesar a la mayoría, y, en el caso de los trabajadores de prensa,
decretó su sobreseimiento.
El fiscal de Cámara Germán Moldes
interpuso entonces un recurso de casación, que fue sostenido por su par de
Casación Raúl Plée, en el que calificó a los fotógrafos y fotógrafas como
“Iracundo tropel… canallas y fascinerosos… bestias… horda vandálica… con altas
dosis de ‘travestismo’… a quienes tocó esa vez asistir disfrazados de fotógrafos…
tal vez, en la próxima, les toque el papel de Arlequín, Colombina o El Zorro…”
entre otra cantidad de improperios.
El 6 de junio de 2018, víspera del Día
del Periodista, se realizó la audiencia oral en Comodoro Py, con una importante
presencia de referentes de organismos de derechos humanos y organizaciones
antirrepresivas, así como del SiPreBA (Sindicato de Prensa de Buenos Aires), la
RNMA (Red Nacional de Medios Alternativos) y el Bloque de Trabajadores
Migrantes. Los abogados de
CORREPI, desde la defensa, expusieron las falacias y tergiversaciones del
planteo fiscal y, ahora, a más de un año de la movilización represaliada, la
Cámara de Casación publicó su decisión contra los trabajadores de prensa.
Mientras el juez Mahiques
–insospechado de cualquier desviación izquierdista- sostuvo que “la decisión de
la Cámara de Apelaciones cuenta con los fundamentos jurídicos mínimos,
necesarios y suficientes, que impiden su descalificación como acto
jurisdiccional válido”, y votó por rechazar el recurso de los fiscales, el juez
Riggi (a quien habría estado dirigida la coima de José Pedraza en la causa por
el asesinato de Mariano Ferreyra) puso de cabeza todos los principios básicos
del derecho penal.
Con el argumento de que “pueden quedar dudas” sobre
si los compañeros participaron o no en los hechos reprochados, decidió que debe
continuar el proceso. Literalmente, deroga el principio de inocencia y la duda
a favor del imputado, con frases como que es necesaria “certeza apodíctica”
para sobreseer.
Descaradamente, defiende el insostenible
fallo del juez Martínez de Giorgi, revocado con reprimendas por la Cámara de
Apelaciones por basarse en “afirmaciones dogmáticas” no sustentadas por prueba
objetiva, y descree de la condición de trabajadores de prensa de los compañeros,
a pesar que se les secuestraron chalecos de prensa y cámaras, que se acompañó
el video que dos de ellos, integrantes de la Red Nacional de Medios
Alternativos, transmitían en streaming live en el momento de ser detenidos y
que el SiPreBA acreditó que estaban cumpliendo tareas profesionales. Por su
parte, la Dra. Catucci planteó lo “prematuro” de los sobreseimientos y adhirió
al voto de Riggi.
Felizmente,
quedó firme la desvinculación de la causa de Carlos Ardila Guerra, en cuyo
caso, pese a todos sus intentos, no pudieron demoler el cúmulo de evidencia
favorable.
Este fallo pone
brutalmente en evidencia el nivel de disciplinamiento que el gobierno de
Cambiemos ha logrado sobre el aparato judicial en general y, muy
particularmente, sobre la Justicia Federal. No es casual la “renovación” de
camaristas federales para impedir fallos contrarios a los intereses oficiales
ni la consolidación de nuevas “doctrinas” en espejo a los anuncios del
ejecutivo, como aquello de que “la versión de las fuerzas es versión de
verdad”, y, por lo tanto, poco importa lo que el resto de las pruebas muestre.
A
su vez, sabemos que estas detenciones son parte del recrudecimiento del
accionar represivo que busca condicionar la libertad de expresión de aquellos
que intentamos, desde los medios alternativos, comunitarios y populares,
registrar la violencia policial y las detenciones al voleo que suelen
producirse en las manifestaciones populares.
Conscientes de que atravesamos un verdadero período
de excepción en materia de derechos y libertades democráticas, redoblaremos los
esfuerzos hasta lograr la desvinculación de la causa de todos los compañeros y
seguiremos en las calles para decir que protestar no es un delito y comunicar
no es un delito.
Por
CORREPI, RNMA, SiPreBA y Bloque de Trabajadorxs Migrantes
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